Abogada egresada de la Universidad La Gran Colombia con Tarjeta Profesional No. 52- 604 del Consejo Superior de la Judicatura, especialista en Administración Pública y Administración de Empresas.
Metódica en el trabajo, logrando crear sinergia en los equipos de Trabajo asignados hasta el momento, disciplinada y eficiente, lo que me ha permitido tener excelentes relaciones interpersonales alrededor de los propósitos acordados con las distintas organizaciones donde he laborado.
He desarrollado estudios de Especialización en Administración de Empresas y Administración Pública en la Universidad Antonio Nariño, así como Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano facilitando esto mi desempeño en las funciones asignadas en mis últimos empleos.
Funciones de la Asesoría Jurídica
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Asesorar al Alcalde y a los funcionarios del despacho en todo lo relacionado con el aspecto jurídico cuando éste lo requiera dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.
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Aportar sugerencias y recomendaciones en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Inversiones y los Presupuestos Anuales y orientar la ejecución de las políticas, estrategias, programas y proyectos contemplados en el mismo con el fin de fortalecer el cumplimiento de las metas institucionales.
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Prestar asesoría en la definición de las Políticas Públicas del Gobierno Municipal y realizar sugerencias para su cumplimiento, en lo concerniente a la Oficina, de acuerdo a la normatividad vigente.
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Hacer recomendaciones para la absolución de las consultas Jurídicas del Alcalde en asuntos relacionados con la Gestión Pública, de acuerdo a la normatividad y jurisprudencia vigente.
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Sugerir y aconsejar para la firma del Alcalde, los actos administrativos relacionados con el despacho dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.
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Revisar los proyectos de actos administrativos proferidos por las diferentes dependencias municipales, que deban ser firmados o aprobados por el Alcalde dentro de los plazos establecidos, en cumplimiento de las normas vigentes, aportando las recomendaciones que estime convenientes.
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Prevenir al Alcalde respecto de proyectos de acuerdo, ordenanzas, leyes o actos legislativos, que puedan atentar contra los intereses del municipio, con base en las disposiciones legales aplicables.