El Tribunal Administrativo del Quindío declaró ajustado a derecho el Decreto 278 del 17 de septiembre de 2026, mediante el cual la Alcaldía de Armenia modificó el presupuesto municipal para destinar $35.500 millones a gastos relacionados directamente con la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto. La sentencia precisó que $32.000 millones corresponden a la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia (Fomvivienda) y $3.500 millones al proyecto de fortalecimiento del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
La modificación comprende dos operaciones presupuestales: una adición de $24.508.912.614 y un traslado de apropiaciones por $10.991.087.386. La primera incorpora recursos al presupuesto; la segunda reasigna partidas que estaban previstas para otros rubros. Por eso, los $35.500 millones destinados a los dos fondos no corresponden íntegramente a recursos nuevos.
De los $32.000 millones asignados a Fomvivienda, $24.008.912.614 provienen de la adición presupuestal y $7.991.087.386 del traslado. El Tribunal condicionó su uso a la reparación, el reforzamiento, el mejoramiento u otras soluciones habitacionales para viviendas afectadas por el sismo, cuyos daños deberán acreditarse mediante registros oficiales o mecanismos verificables. Estos recursos no podrán cubrir el déficit habitacional anterior a la emergencia ni gastos de funcionamiento del fondo.
Para el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo se destinaron $3.500 millones. Esta suma está integrada por $500 millones de la adición presupuestal y $3.000 millones del traslado.
La sentencia establece que estos recursos solo podrán financiar acciones directamente relacionadas con el terremoto, como conocimiento y reducción del riesgo, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. También precisa que no podrán utilizarse para pagar una revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ni estudios destinados a resolver problemas de planeación anteriores al sismo.
En cuanto al origen de los recursos adicionados, $23.508.912.614 corresponden a excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), del sector Propósito General, y $1.000 millones a rendimientos financieros de recursos propios de libre destinación. Sobre este último monto, el Tribunal advirtió que $833.430.948,90 ya estaban causados, mientras que $166.569.051,10 eran rendimientos proyectados que aún no se habían materializado.
Por esa razón, la Administración Municipal solo podrá respaldar compromisos con esos $166,5 millones cuando los recursos hayan ingresado y exista disponibilidad presupuestal certificada. Si el ingreso no se concreta, deberá efectuar las reducciones o aplazamientos presupuestales correspondientes.
El Tribunal también revisó la competencia del alcalde James Padilla García para expedir el decreto, la disponibilidad de las partidas trasladadas y la comunicación de la modificación al Concejo Municipal. En su decisión declaró ajustado a derecho el acto administrativo, bajo las condiciones fijadas para la destinación de los recursos.
La providencia estableció así límites concretos para la ejecución de los $35.500 millones: los recursos de Fomvivienda deberán llegar a hogares con viviendas afectadas por el terremoto y los del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo tendrán que financiar actuaciones vinculadas directamente con la atención de sus consecuencias.
