En pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), frente a la expansión del microtráfico, las disputas por control territorial y las estructuras criminales que hoy impactan la seguridad y la convivencia en las regiones, se destacó la respuesta de las administraciones municipales por actualizar sus Planes Integrales de Seguridad y Convivencia (PISCC), fortalecer la inteligencia y crear rutas integrales de atención al consumo y salud mental, en cooperación directa con la Policía y la Fiscalía para la desarticulación de redes locales.

Según las cifras de Asocapitales, las capitales concentran más del 47 % de la población urbana y enfrentan la mayor carga derivada del crecimiento de las economías ilícitas. En los últimos dos años, el microtráfico urbano aumentó un 15 %, según datos de la Policía Nacional, y los homicidios vinculados a disputas por distribución de estupefacientes han crecido en promedio un 10 % en las principales ciudades.

Sin embargo, entre 2024 y 2025, las capitales destinaron más de 1,3 billones de pesos en tecnología, prevención social y fortalecimiento institucional. Estos recursos se han traducido en la recuperación de 350 espacios públicos en zonas de alto riesgo, reducción del 20 % en hurtos en áreas intervenidas y la atención de más de 65.000 personas en programas de prevención y atención al consumo.

Las ciudades capitales no son responsables del origen de las economías ilícitas, pero sí han sido las principales víctimas de sus consecuencias. Enfrentan a diario las presiones de organizaciones delictivas que operan con capacidad armada y logística, afectando la seguridad, el bienestar ciudadano y la estabilidad institucional. Aun así, los alcaldes han demostrado liderazgo y compromiso, sosteniendo estrategias de prevención, intervención social y fortalecimiento operativo, con el objetivo de contener la expansión de las economías ilegales en sus territorios, indicaron de Asocapitales.