Ante la entrada en vigencia de la Ley 2346 de 2024, que establece que los alcaldes deberán suministrar alimentos a las personas privadas de la libertad en las instalaciones de detención transitoria (CDT), Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía a partir del 1 de julio de 2025, el alcalde de Armenia, James Padilla García, anunció que junto con otros mandatarios del país solicitarán al Gobierno Nacional el apoyo en recursos para cumplir con esta nueva obligación.

La medida, que fue determinada por la Corte Constitucional en 2022 y ratificada el año pasado, transfiere la responsabilidad del suministro de alimentos que anteriormente estaba a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) a las administraciones municipales.

"Esta nueva normativa implica una carga adicional para los entes territoriales, y por eso, es fundamental contar con el apoyo del Gobierno Nacional en términos de recursos económicos que nos permitan garantizar una atención digna y adecuada a esta población," afirmó Padilla García.

Los alcaldes esperan que el Gobierno Nacional disponga de un plan de apoyo financiero para atender esta transición, que representa un reto logístico y presupuestal para muchas ciudades y municipios del país.