Durante la visita oficial de la Defensora Nacional del Pueblo, Iris Marín Ortiz, a la ciudad de Armenia, el alcalde James Padilla García hizo un llamado enfático a la entidad para que ejerza su labor en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad, especialmente en el contexto crítico que enfrentan los centros de detención transitoria de la ciudad.

Uno de los puntos centrales abordados durante el encuentro fue la nueva responsabilidad que asumirán los entes territoriales, en cuanto a la alimentación de los privados de la libertad en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía. La defensora explicó que, aunque actualmente esta función es asumida por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), se espera que, en adelante, municipios y departamentos asuman esta tarea de forma progresiva.

Marín Ortiz indicó que para establecer mecanismos subsidiarios por parte del Gobierno Nacional, las entidades territoriales deberán presentar sus planes de abordaje, y en los casos en los que se demuestre falta de capacidad, será el Gobierno quien subsidiará la atención.

Otro tema crítico tratado en la reunión fue el grave hacinamiento que se presenta en los centros de detención, situación que afecta directamente la dignidad y los derechos humanos de los reclusos.

Ante este panorama, el alcalde Padilla García exhortó a la Defensora del Pueblo a brindar respaldo institucional desde su cargo, y a visibilizar la crítica situación carcelaria que vive la capital quindiana. “Esperamos que, conociendo de primera mano esta realidad, se tomen acciones concretas para garantizar condiciones dignas a esta población”, manifestó el mandatario local.